Un nuevo y alarmante hecho delictual sacude a la comuna de San Pedro de la Paz, donde funcionarias municipales fueron víctimas de un violento portonazo en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez. El ataque, ocurrido el sábado 12 de julio, se suma a una escalada de violencia que parece no tener control, mientras el Gobierno mantiene un discurso complaciente y evasivo frente al caos que crece en las calles.
El vehículo, un Ford Focus oscuro, fue arrebatado por delincuentes armados, dejando a las víctimas en estado de shock. “Equipo, nos asaltaron, nos hicieron un portonazo, nos quitaron el auto recién”, se escucha en un mensaje de voz compartido por una de las afectadas, reflejo de una realidad que no distingue cargos ni funciones: nadie está seguro.
Desde el municipio, si bien confirmaron el hecho y declararon su apoyo a las funcionarias, optaron por el silencio institucional ante un crimen que requiere respuestas claras y urgentes, no simplemente la derivación de antecedentes a las policías.
Lo ocurrido se enmarca en una ola criminal que ha dejado más de 15 homicidios en lo que va del mes en la región del Biobío, junto con balaceras, robos violentos y una sensación de total indefensión por parte de la ciudadanía. Lo que antes se consideraba exclusivo de sectores periféricos, hoy afecta también a funcionarios públicos y zonas residenciales, evidenciando que el crimen ya se tomó el corazón de las ciudades.
Desde la oposición, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, fue claro: “Esto tiene que cambiar y necesitamos urgente la presencia del Estado para detener estos delitos”. Un llamado que desenmascara la indolencia de un Ejecutivo que no ha sabido —o no ha querido— ejercer su deber más básico: garantizar seguridad y orden público.
Mientras el gobierno se enreda en seminarios, diagnósticos y promesas sin efecto, el crimen organizado avanza, armado y sin restricciones. La delincuencia ya no teme, porque sabe que el Estado ha cedido el control.
Este nuevo portonazo no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de una política permisiva, de una ideología que justifica al victimario y abandona a la víctima, y de una falta absoluta de autoridad real frente al delito.
Chile necesita retomar el camino del orden, de la justicia efectiva y de la protección a los ciudadanos honestos. No más excusas. No más tibieza. Es hora de enfrentar al crimen con decisión, y de poner nuevamente a las víctimas en el centro de la acción pública.
