Tras el grave atentado incendiario que destruyó parte importante de las faenas de construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue, el Gobierno aseguró que el proyecto continuará su curso. Esto, mientras la Fiscalía y la Policía de Investigaciones realizan peritajes para dar con los responsables del ataque que dejó más de 50 camiones completamente calcinados en la provincia del Bío Bío.
El ministro de Energía, Diego Pardow, afirmó que La Moneda se toma en serio el atentado, así como también la advertencia del Gobierno chino —principal interesado en el proyecto— que exigió mejores condiciones de seguridad para sus inversiones. En respuesta, el Ejecutivo anunció una querella bajo la Ley Antiterrorista. No obstante, el ministro aseguró que el avance del proyecto no se detendrá.
Sus declaraciones se produjeron en medio de duras críticas por parte de parlamentarias de la zona, como las diputadas Flor Weisse (UDI) y Karen Medina (DC), quienes cuestionaron que el delegado presidencial en la región endosara la responsabilidad en materia de seguridad exclusivamente a la empresa privada, omitiendo el deber del Estado de garantizar el orden público y la seguridad de las inversiones.
Frente a esto, el delegado presidencial del Bío Bío, Eduardo Pacheco, aseguró haber sostenido reuniones con gremios para coordinar una “colaboración” entre el Estado y las empresas, evitando comprometer acciones concretas de protección estatal en zonas que han sido blanco frecuente de ataques.
Según información de Radio Bío Bío, la empresa contaba apenas con una cámara de seguridad para resguardar una extensa zona de faenas, lo que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad en que operan actualmente proyectos estratégicos para el desarrollo energético del país.
Desde el sector exportador, Frutas de Chile respaldó el reclamo del gobierno chino, advirtiendo que este tipo de hechos no solo pone en riesgo proyectos puntuales, sino que afecta gravemente la imagen de Chile como destino confiable para la inversión extranjera.
